Incapacitación Judicial

incapacitación judicial

¿Qué es la incapacitación judicial?

Es una situación jurídica es la imposibilidad de una persona de tomar decisiones por su discapacidad psíquica, intelectual o sensorial. 

El Código Civil establece la necesidad de que otra persona vele por su situación civil. Es frecuente encontrar una incapacitación judicial por enfermedad mental y/o alteración psíquica y/o deterioro cognitivo. Algunos ejemplos son: esquizofrenia, demencia, Alzheimer, personas con discapacidad intelectual, etc. 

Además, también se puede encontrar en personas que tienen secuelas por abuso de sustancias como alcohol y drogas. También, se suele dar en personas mayores que empiezan a sufrir alguna enfermedad incapacitante. 

La incapacitación judicial se trata de una medida de protección, está diseñada para proteger a las personas en situaciones que no pueden valerse por sí mismas. 

La incapacitación judicial tiene trascendencia jurídica y se declara mediante resolución judicial (art. 199 del Código Civil y el trámite procesal en la LEC).

→ Capacidad de derecho o capacidad jurídica de goce. Según el art. 30 del Código Civil, la capacidad jurídica de las personas se adquiere con el nacimiento. Este tipo hace referencia a la capacidad de la persona para ser titular de derechos y obligaciones. 

→ Capacidad de obrar o capacidad de ejercicio. Según el Código Civil, es la capacidad para el ejercicio de los derechos y las obligaciones. Cabe destacar que, no es igual para todos, depende de la edad, la nacionalidad de una sentencia de la incapacitación de la persona, entre otras. 

El proceso se llevará a cabo en el Juzgado correspondiente. La presentación de la solicitud debe estar acompañada de toda la documentación necesaria para poder justificar la incapacitación judicial. Entre dichos documentos se incluyen:

→ Dictamen pericial de los profesionales convenientes con sugerencia de las medidas de apoyo en cuestión.

→Pruebas para la demostración de la incapacidad judicial de la persona incapaz. 

Cuando el procedimiento se inicia hay que tener en cuenta que las pruebas demostradas tienen que encajar con ciertos requisitos. Por ejemplo:

-Ha de sufrir alguna enfermedad y/o discapacidad psíquica, intelectual o sensorial  de forma que le impida autogobernarse. 

-Debido a una gran adicción a sustancias o alcohol. 

-Personas mayores que tienen peligros de salud en relación a su propia higiene y cuidado personal. No pueden cuidarse por sí mismas y necesitan un apoyo. 

-Cuando realizan actos que ponen en riesgo su patrimonio y no son capaces ni conscientes para realizar acciones sencillas en este tema de trámites. 

Se convocará a comparecer en el Juzgado a: Ministerio Fiscal, persona incapacitante, cónyuge u otra persona que se encuentre en una situación de hecho asimilable. También pueden estar presentes los hermanos y/o descendientes cercanos. 

Los notificados tienen un plazo de cinco días para presentar todas estas pruebas. La autoridad judicial puede solicitar información de los informes de otras entidades que trabajan en la promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad.  

Ya en la comparecencia, el Juez escucha a la persona con discapacidad, a las partes e informa alternativas posibles. En el caso de aceptación de las medidas de ayuda se da fin al expediente y se inscribe en el Registro.

Tipos de representantes. ¿Quién puede ser defensor judicial?

En función del alcance de la Sentencia, se hará el nombramiento de un representante legal de un tipo u otro. Veamos las diferencias entre guarda de hecho, tutela, curatela y patria potestad.

La tutela se establece cuando se estima que la persona es incapaz de cuidarse a sí misma ni de administrar sus propios bienes. Por ello, se le nombra un tutor legal por el Código Civil. La tutela de la persona discapacitada estaría a cargo del representante legal de la persona incapaz. 

Se nombra al tutor de la persona incapaz y éste se encargará de su administración del patrimonio, su alimentación y su educación. 

En caso de los menores de edad no emancipados y no sujetos a patria potestad (por fallecimiento de los progenitores o privación a estos de la patria potestad). 

No es lo mismo una tutela que una curatela. En el caso de la curatela, se establece cuando se aprecia que la persona puede realizar determinados actos por sí sola. Pero en tareas de mayor trascendencia necesita la ayuda de otra persona. 

En este caso se le designa un curador para que le pueda complementar pero no representar. 

Un ejemplo de curatela sería: aquellas cuestiones relacionadas con el patrimonio, arrendamientos o apoyo sanitario, como coger cita para el médico. 

Entonces, ¿cómo se puede incapacitar a una persona?

Vamos a destacar los ejemplos que hemos visto anteriormente para estudiarlos de forma más profunda. 

→Incapacitación judicial por esquizofrenia o enfermedad mental. En esta categoría también podemos incluir casos de bipolaridad, o personas con capacidades mentales afectadas como Síndrome de Down, dependiendo del grado de dependencia. 

→ Incapacidad por abuso de sustancias o alcoholismo. El consumo o la adicción hace que la persona pierda sus capacidades básicas de gestión de su patrimonio o incluso le afecta a nivel cognitivo. Son personas que no pueden tomar decisiones y no saben gestionar sus bienes debido a su afectación mental que les provoca la adicción a ciertas sustancias. 

Se le puede evaluar al sujeto para otorgarle algún tipo de incapacidad civil, ya sea por voluntad propia o por orden de un juez.  

Además, una persona que sufre secuelas por su consumo pasado y su adicción y presenta problemas mentales también puede ser incapacitado judicialmente. 

Solicita ayuda con nosotros

Recuerda que, si tienes alguna duda al respecto sobre lo que acabas de leer, siempre puedes ponerte en contacto con nosotros

Volver arriba