Incapacitación Judicial

¿Qué es la incapacitación judicial?

La incapacitación judicial es un procedimiento legal que se utiliza cuando una persona se encuentra en una situación de discapacidad física o mental que le impide tomar decisiones por sí misma. Esta situación puede deberse a diferentes causas, como enfermedades mentales, demencia o discapacidad intelectual, entre otras. Durante el proceso, un juez determina si la persona es incapaz de tomar decisiones y nombra a un tutor legal que se encarga de tomar decisiones en su nombre.

El Código Civil establece la necesidad de que otra persona vele por su situación civil. Es frecuente encontrar una incapacitación judicial por enfermedad mental y/o alteración psíquica y/o deterioro cognitivo. Algunos ejemplos son: esquizofrenia, demencia, Alzheimer, personas con discapacidad intelectual, etc.

Este proceso solo puede ser iniciado por un familiar o un representante legal, y se requiere la evaluación de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud y el derecho para determinar la capacidad de la persona.

Después de la declaratoria de incapacitación judicial, se designa a un tutor legal que actúa como representante legal de la persona incapacitada, y que toma decisiones en su nombre. Este tutor debe actuar en el mejor interés de la persona incapacitada y se le exige rendir cuentas ante el tribunal.

Además, también se puede encontrar en personas que tienen secuelas por abuso de sustancias como alcohol y drogas. También, se suele dar en personas mayores que empiezan a sufrir alguna enfermedad incapacitante.

La incapacitación judicial se trata de una medida de protección, está diseñada para proteger a las personas en situaciones que no pueden valerse por sí mismas.

La incapacitación judicial tiene trascendencia jurídica y se declara mediante resolución judicial (art. 199 del Código Civil y el trámite procesal en la LEC).

Tipos de incapacitación.

→ Capacidad de derecho o capacidad jurídica de goce. Según el art. 30 del Código Civil, la capacidad jurídica de las personas se adquiere con el nacimiento. Este tipo hace referencia a la capacidad de la persona para ser titular de derechos y obligaciones.

→ Capacidad de obrar o capacidad de ejercicio. Según el Código Civil, es la capacidad para el ejercicio de los derechos y las obligaciones. Cabe destacar que, no es igual para todos, depende de la edad, la nacionalidad de una sentencia de la incapacitación de la persona, entre otras.

Tipos de incapacidad:

Incapacidad total: Esta condición se aplica cuando una persona es incapaz de tomar decisiones sobre sus propias finanzas, salud y bienestar.
Incapacidad parcial: En este caso, una persona puede tomar decisiones importantes pero necesita asistencia en ciertas áreas.
Incapacidad temporal: Esta es una condición en la que una persona es incapaz de tomar decisiones por un período de tiempo limitado debido a una lesión, enfermedad o problema de salud.
Incapacidad permanente: Una persona con una discapacidad permanente no puede tomar decisiones importantes sobre su vida y necesita asistencia continua.
Incapacidad mental: Esta condición se aplica a aquellas personas que no pueden tomar decisiones debido a problemas de salud mental como la demencia o el trastorno bipolar.
Incapacidad física: Aquellas personas que no pueden hacer las tareas básicas de la vida diaria debido a una discapacidad física son consideradas legalmente incapacitadas.

Procedimientos de incapacitación:

Inicio del procedimiento:

El inicio del procedimiento de incapacitación es el primer paso en el proceso legal que busca determinar la incapacidad de una persona y establecer las medidas de protección necesarias. A continuación, se desarrollan los aspectos relevantes del inicio del procedimiento:

Solicitud de incapacitación: El procedimiento puede iniciarse mediante una solicitud presentada por cualquier persona interesada, como un familiar, tutor, curador, el Ministerio Fiscal o incluso el propio presunto incapaz. La solicitud debe contener información sobre los hechos que fundamentan la presunta incapacidad y los motivos por los cuales se considera necesario el proceso de incapacitación.
Competencia judicial: La solicitud de incapacitación se presenta ante el juez o tribunal competente, generalmente el Juzgado de Primera Instancia del lugar de residencia del presunto incapaz. Es importante determinar la jurisdicción adecuada para garantizar que el proceso se lleve a cabo en el marco legal correspondiente.
Admisión de la solicitud: Una vez presentada la solicitud, el juez o tribunal evaluará su admisibilidad. Verificará que se cumplan los requisitos formales y que exista una base suficiente para iniciar el proceso de incapacitación. En caso de ser admisible, se procederá a la apertura del expediente correspondiente.
Nombramiento de un defensor judicial: Si el presunto incapaz no cuenta con representación legal o no puede ejercer su derecho de defensa de manera adecuada, el juez puede designar un defensor judicial para proteger sus intereses y garantizar que su voz sea escuchada durante todo el procedimiento.

Evaluación de la capacidad: El juez ordenará la evaluación de la capacidad del presunto incapaz por parte de profesionales especializados, como médicos, psicólogos o trabajadores sociales. Estos expertos realizarán un estudio exhaustivo que incluirá pruebas médicas, psicológicas y sociales para determinar el grado de incapacidad y las limitaciones funcionales del individuo.

Audiencias y pruebas: Una vez recopilada la evaluación de la capacidad, se programarán audiencias judiciales en las que las partes involucradas podrán presentar pruebas, testimonios y argumentos en apoyo o en contra de la incapacitación. El juez escuchará a todas las partes y evaluará las pruebas presentadas antes de tomar una decisión. Algunas de las pruebas más comunes son las siguientes:
- Informes médicos y psicológicos: Se presentarán informes elaborados por profesionales de la salud, como médicos y psicólogos, que hayan evaluado al presunto incapaz. Estos informes pueden incluir diagnósticos, evaluaciones de la capacidad cognitiva, informes de tratamientos médicos, entre otros.
- Testimonios de familiares y allegados: Los familiares cercanos, amigos o personas que interactúen de manera regular con el presunto incapaz pueden ofrecer testimonios sobre su comportamiento, habilidades y necesidades de apoyo. Estos testimonios pueden aportar información relevante sobre la capacidad del individuo.
- Testimonios de expertos: Se pueden presentar testimonios de expertos en diferentes áreas relacionadas con la incapacidad, como trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, neurólogos u otros profesionales especializados. Estos expertos pueden brindar una visión más completa y objetiva sobre la capacidad del presunto incapaz.
- Documentación legal: Se pueden presentar documentos legales, como poderes notariales, contratos o testamentos, que demuestren la incapacidad del presunto incapaz para tomar decisiones legales o administrar sus asuntos personales y financieros.

Pruebas adicionales: En algunos casos, se pueden presentar pruebas adicionales, como informes escolares, informes de servicios sociales, informes de rehabilitación, entre otros, que respalden o cuestionen la capacidad del presunto incapaz.

Participantes y su rol en el proceso:

En el proceso de incapacitación en España, participan diferentes actores con roles específicos que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del procedimiento. A continuación, se detallan los participantes principales y sus roles:

Solicitante: El solicitante es la persona o entidad que presenta la solicitud de incapacitación ante el juez o tribunal competente. Puede ser un familiar cercano, el tutor o curador actual, el Ministerio Fiscal o incluso el propio presunto incapaz.
Presunto incapaz:El presunto incapaz es la persona cuya capacidad está siendo cuestionada en el procedimiento. Es aquel a quien se atribuyen las circunstancias que pueden justificar su eventual declaración de incapacidad. El presunto incapaz tiene derecho a ser informado sobre el proceso y a participar activamente en él.

• Juez o tribunal:El juez o tribunal es la autoridad judicial encargada de conducir el procedimiento de incapacitación. Es quien toma las decisiones finales basadas en las pruebas presentadas y la evaluación de la capacidad del presunto incapaz.

Defensor judicial:El defensor judicial es una figura designada por el juez para representar y proteger los intereses del presunto incapaz. Su función principal es velar por los derechos y garantías procesales del presunto incapaz durante todo el proceso. El defensor judicial puede ser un abogado o un profesional con conocimientos en derecho y protección de personas con discapacidad.
Peritos y profesionales especializados:Los peritos y profesionales especializados, como médicos, psicólogos y trabajadores sociales, desempeñan un papel esencial en el proceso de incapacitación. Son responsables de evaluar la capacidad del presunto incapaz y proporcionar informes técnicos al juez para fundamentar su decisión. Su objetivo es realizar una evaluación integral y objetiva de la capacidad del individuo en cuestión.
Ministerio Fiscal: El Ministerio Fiscal, como representante del interés público, tiene un papel relevante en el proceso de incapacitación. Su función es supervisar y velar por el correcto desarrollo del procedimiento, protegiendo los derechos e intereses del presunto incapaz y promoviendo el cumplimiento de la legislación aplicable.
Estos son los principales participantes en el proceso de incapacitación en España. Cada uno de ellos tiene roles específicos que contribuyen a garantizar un procedimiento justo y equitativo, asegurando la protección de los derechos de la persona en cuestión y la toma de decisiones adecuadas en su beneficio.

2. Sentencia de incapacitación: La sentencia de incapacitación es el acto judicial mediante el cual el juez o tribunal competente dictamina la declaración de incapacidad de una persona. Esta sentencia tiene importantes implicaciones legales y determina las medidas de protección y apoyo que se aplicarán en beneficio del incapaz. A continuación, se desarrollan los aspectos relevantes de la sentencia de incapacitación:

Fundamentos de la sentencia: En la sentencia de incapacitación, el juez debe fundamentar y justificar la decisión de declarar la incapacidad de la persona. Esto implica analizar y evaluar todas las pruebas y argumentos presentados durante el proceso, así como los informes de los peritos y expertos involucrados. El juez debe tomar en consideración el interés superior del presunto incapaz y asegurarse de que la medida de incapacitación sea necesaria y proporcional.
Alcance de la incapacitación: La sentencia de incapacitación debe determinar el alcance de la incapacidad, es decir, las áreas específicas en las que se considera que el incapaz no tiene capacidad de obrar. Puede abarcar aspectos relacionados con la toma de decisiones médicas, administración de bienes, gestión financiera, contratación, matrimonio, entre otros. Es importante que la sentencia especifique claramente los límites y restricciones de la capacidad del incapaz.
Designación de tutor o curador: En la sentencia de incapacitación, se designará a una persona o entidad como tutor o curador del incapaz. El tutor o curador será responsable de representar legalmente al incapaz, proteger sus intereses y tomar decisiones en su nombre en las áreas en las que no tiene capacidad. La sentencia debe especificar quién será el tutor o curador y las responsabilidades y obligaciones asociadas a esta función.
Supervisión y seguimiento: La sentencia de incapacitación puede establecer mecanismos de supervisión y seguimiento para asegurar que respeten los derechos del incapaz y que las medidas de protección son adecuadas y proporcionales. Esto puede incluir la presentación de informes periódicos por parte del tutor o curador, revisiones judiciales periódicas para evaluar la evolución de la capacidad del incapaz, entre otros mecanismos de control.

Recursos y revisión: La sentencia de incapacitación debe informar al presunto incapaz y a las demás partes involucradas sobre los recursos legales disponibles y los plazos para presentar impugnaciones o solicitar revisiones de la sentencia. Esto garantiza que se respeten los derechos de todas las partes y que exista la posibilidad de revisar la situación del incapaz en caso de cambios en su capacidad.

¿Cómo se solicita una incapacitación judicial?

La incapacitación judicial se puede solicitar por un familiar cercano, un amigo o un funcionario público, y se presenta en un tribunal competente.

¿Quién puede ser considerado para una incapacitación judicial?

Una persona puede considerarse para una incapacitación judicial si se encuentra en una situación de discapacidad física o mental que le impide tomar decisiones o cuidar de sí misma de manera adecuada. Esto incluye a personas mayores que han perdido la capacidad de cuidarse a sí mismas, personas con discapacidades intelectuales o mentales, personas con enfermedades mentales graves y personas con adicciones que les impiden tomar decisiones adecuadas para su bienestar. Cualquier persona puede solicitar una incapacitación judicial para alguien si cree que esa persona no es capaz de cuidarse a sí misma de manera adecuada. Sin embargo, el proceso de incapacitación judicial es un procedimiento legal complejo y debe manejarse por un abogado especializado en la materia.

¿Cuáles son los requisitos para ser incapacitado judicialmente?

Los requisitos varían según la jurisdicción, pero en general se requiere una evaluación médica y psicológica que certifique la incapacidad.

Para ser declarado incapaz judicialmente en España se deben cumplir los siguientes requisitos:

Presencia de una discapacidad física o psicológica que impida a la persona tomar decisiones por sí misma, ya sea temporal o permanente.
Que la incapacidad afecte a la vida diaria de la persona y su capacidad para actuar en su propio interés.
Que se haya llevado a cabo una evaluación médica y psicológica exhaustiva que confirme la incapacidad.
Que exista un interés legítimo para la solicitud, es decir, que alguien cercano a la persona (familiares o tutores) tenga una razón válida para solicitar la declaración de incapacidad.
Que se sigan los procedimientos legales establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y demuestre que la declaración de incapacidad es necesaria y en el mejor interés de la persona afectada.

¿Cuáles son las consecuencias de una incapacitación judicial?

Las consecuencias de una incapacitación judicial son:

Nombramiento de un tutor o curador: El juez designará a una persona para que actúe como tutor o curador de la persona incapacitada. Este tutor se encargará de tomar decisiones sobre la salud, la vida y los bienes de la persona incapacitada, pero siempre actuará en su beneficio.
Pérdida de la capacidad legal: La persona incapacitada pierde la capacidad legal para tomar decisiones legales y financieras. Es el tutor quien actuará en su nombre, siempre buscando el bienestar de la persona incapacitada.
Limitación de derechos: La persona incapacitada puede ver limitados sus derechos y libertades, como el derecho al voto, al matrimonio o a la libertad de movimientos.
Impedimento para trabajar: En algunos casos, la incapacitación puede impedir que la persona trabaje, por ejemplo, si su discapacidad es física o mental y le impide realizar tareas básicas.
Conflictos familiares: Una incapacitación judicial puede generar conflictos familiares si hay desacuerdo entre los familiares sobre quién debe ser el tutor o sobre la gestión de los bienes de la persona incapacitada.
Gastos legales: El proceso de incapacitación judicial puede ser costoso, ya que requiere la intervención de abogados, médicos y jueces. Los gastos pueden ser elevados, especialmente si hay disputas familiares y la decisión final es apelada.

¿Cuánto tiempo dura una incapacitación judicial?

Depende de las circunstancias y del tipo de incapacitación judicial. En general, la incapacitación judicial puede ser temporal o permanente. En caso de ser temporal, su duración dependerá de la decisión del juez y puede renovarse si se considera necesario. Si la incapacitación es permanente, no hay límite de tiempo establecido. En cualquier caso, la persona incapacitada judicialmente tiene derecho a solicitar la revisión de la medida en cualquier momento si considera que su situación ha cambiado.

¿Cómo se revoca una incapacitación judicial?

La incapacitación judicial puede ser revocada si se demuestra que la persona ha recuperado su capacidad de manejar sus asuntos financieros y legales.

Para revocar una sentencia de incapacitación judicial se requiere el siguiente proceso:

Iniciar un procedimiento judicial: la persona incapacitada o su representante legal debe presentar una demanda de revocación ante el juez competente.
Presentar pruebas: la persona que solicita la revocación debe presentar pruebas que demuestren que ha cambiado su situación personal o que las circunstancias que motivaron la incapacitación han desaparecido.
Información medica: tambien se requiere presentar informes médicos que acrediten el estado de salud mental de la persona afectada y si está en conidiones de tomar decisiones.
Audiencia judicial: se realiza una audiencia judicial en la que se escuchan todas las partes involucradas y se evalúan las pruebas presentas.
Sentencia: el juez dictará una sentencia considerando todas las pruebas y argumentos presentados, en caso de que la sentencia sea favorable la incapacitación será revocada.

¿Quién toma la decisión de incapacitar judicialmente a alguien?

La decisión de incapacitar judicialmente a alguien es tomada por un juez tras una evaluación exhaustiva y una audiencia.

Procedimiento de la incapacitación legal

El proceso se llevará a cabo en el Juzgado correspondiente. La presentación de la solicitud debe estar acompañada de toda la documentación necesaria para poder justificar la incapacitación judicial. Entre dichos documentos se incluyen:

→ Dictamen pericial de los profesionales convenientes con sugerencia de las medidas de apoyo en cuestión.

→Pruebas para la demostración de la incapacidad judicial de la persona incapaz.

Cuando el procedimiento se inicia hay que tener en cuenta que las pruebas demostradas tienen que encajar con ciertos requisitos. Por ejemplo:

-Ha de sufrir alguna enfermedad y/o discapacidad psíquica, intelectual o sensorial de forma que le impida autogobernarse.

-Debido a una gran adicción a sustancias o alcohol.

-Personas mayores que tienen peligros de salud en relación a su propia higiene y cuidado personal. No pueden cuidarse por sí mismas y necesitan un apoyo.

-Cuando realizan actos que ponen en riesgo su patrimonio y no son capaces ni conscientes para realizar acciones sencillas en este tema de trámites.

Se convocará a comparecer en el Juzgado a: Ministerio Fiscal, persona incapacitante, cónyuge u otra persona que se encuentre en una situación de hecho asimilable. También pueden estar presentes los hermanos y/o descendientes cercanos.

Los notificados tienen un plazo de cinco días para presentar todas estas pruebas. La autoridad judicial puede solicitar información de los informes de otras entidades que trabajan en la promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad.

Ya en la comparecencia, el Juez escucha a la persona con discapacidad, a las partes e informa alternativas posibles. En el caso de aceptación de las medidas de ayuda se da fin al expediente y se inscribe en el Registro.

Tipos de representantes. ¿Quién puede ser defensor judicial?

En función del alcance de la Sentencia, se hará el nombramiento de un representante legal de un tipo u otro. Veamos las diferencias entre guarda de hecho, tutela, curatela y patria potestad.

La tutela se establece cuando se estima que la persona es incapaz de cuidarse a sí misma ni de administrar sus propios bienes. Por ello, se le nombra un tutor legal por el Código Civil. La tutela de la persona discapacitada estaría a cargo del representante legal de la persona incapaz.

Se nombra al tutor de la persona incapaz y éste se encargará de su administración del patrimonio, su alimentación y su educación.

En caso de los menores de edad no emancipados y no sujetos a patria potestad (por fallecimiento de los progenitores o privación a estos de la patria potestad).

No es lo mismo una tutela que una curatela. En el caso de la curatela, se establece cuando se aprecia que la persona puede realizar determinados actos por sí sola. Pero en tareas de mayor trascendencia necesita la ayuda de otra persona.

En este caso se le designa un curador para que le pueda complementar pero no representar.

Un ejemplo de curatela sería: aquellas cuestiones relacionadas con el patrimonio, arrendamientos o apoyo sanitario, como coger cita para el médico.

Entonces, ¿cómo se puede incapacitar a una persona?

Vamos a destacar los ejemplos que hemos visto anteriormente para estudiarlos de forma más profunda.

→Incapacitación judicial por esquizofrenia o enfermedad mental. En esta categoría también podemos incluir casos de bipolaridad, o personas con capacidades mentales afectadas como Síndrome de Down, dependiendo del grado de dependencia.

→ Incapacidad civil a personas mayores. Es una de las más comunes debido a que muchas personas mayores inician un proceso de incapacitación judicial y la tutela por el testamento. En este caso se suele designar a un hijo/a como tutor legal del incapacitado, y así la herencia podrá ir donde este crea más oportuno. En la incapacitación judicial en personas mayores se suele encontrar la demencia o el Alzheimer.

→ Incapacidad por abuso de sustancias o alcoholismo. El consumo o la adicción hace que la persona pierda sus capacidades básicas de gestión de su patrimonio o incluso le afecta a nivel cognitivo. Son personas que no pueden tomar decisiones y no saben gestionar sus bienes debido a su afectación mental que les provoca la adicción a ciertas sustancias.

Se le puede evaluar al sujeto para otorgarle algún tipo de incapacidad civil, ya sea por voluntad propia o por orden de un juez.

Además, una persona que sufre secuelas por su consumo pasado y su adicción y presenta problemas mentales también puede ser incapacitado judicialmente.

El papel del psicólogo forense en una incapacitación judicial

El papel del psicólogo forense en el contexto de una incapacitación judicial es crucial para garantizar que se tomen decisiones basadas en evidencias sobre la capacidad de una persona para tomar decisiones importantes sobre su vida y sus asuntos legales.

El psicólogo forense tiene la capacidad para evaluar de forma exhaustiva la capacidad mental del individuo. Esto implica que se examine la comprensión de la naturaleza e implicaciones de las decisiones que se le piden que tome, así como su capacidad para procesar información y razonar de forma lógica. Además, puede evaluar las capacidades tanto cognitivas como emocionales, como por ejemplo, inteligencia, atención…

En cuanto a la competencia legal, el psicólogo es el encargado de evaluar la capacidad de un individuo para comparecer ante un tribunal o para firmar documentos legales. Esto implica determinar si la persona comprende las implicaciones legales de sus acciones y puede participar de forma efectiva en procedimientos legales.

Por otro lado, el psicólogo puede proporcionar asesoramiento y orientación a los jueces, abogados u otros profesionales involucrados en el caso sobre cuestiones relacionadas con la capacidad mental y la competencia legal de la persona en cuestión.

Por último, en algunos casos, el profesional puede ser llamado a testificar como experto en procedimientos legales para proporcionar información sobre la capacidad mental y la competencia legal de la persona en cuestión.

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