Hay ocasiones en las que en los procesos judiciales se ven envueltos no solo los adultos, sino también los menores. Ya sea porque son testigos, víctimas o agresores, en estos casos los menores de edad han de comparecer ante el juez. Y lo han de hacer bajo ciertas condiciones que adaptan el proceso a sus necesidades.
En este artículo te explicaremos estas adaptaciones y necesidades, además de los derechos que amparan al menor a lo largo de todo el proceso judicial.
El menor en el proceso judicial
En España, se considera a alguien menor de edad cuando tiene menos de 18 años.
Si es el acusado, existe una diferenciación a la hora de hablar de la responsabilidad legal. Si es menor de 14 años, no se le considera responsable de los delitos que pueda haber cometido. Si es mayor de 14, recibirá consecuencias por los delitos que haya cometido, pero estas estarán enfocadas a la reinserción y educación del menor.
Si es quien acusa, este no podrá solicitar por sí mismo ningún tipo de medida ni demanda, ya que carecen de la capacidad legal de iniciar un proceso judicial. Es por ello por lo que necesitan un representante legal que pueda realizar las solicitudes en su nombre. En caso de que el menor esté emancipado, sí podrá realizar estas solicitudes por sí mismo.
Derechos del menor en el proceso judicial
Una vez aclarados el rengo de actuación de un menor en el proceso judicial, pasamos a ver cuáles son sus derechos. Estos están recogidos en distintos documentos legales, como la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la Convención sobre los Derechos del Niño o la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre otros.
Interés superior del menor
Es el derecho con más prioridad en todo el proceso. Consiste en que todas las decisiones tomadas por el sistema judicial han de tener en cuenta lo que es mejor para el menor. Y no de manera genérica, sino teniendo en cuenta la situación concreta en la que se encuentra el menor. Si se hacen resoluciones judiciales que no se pueden justificar con el interés superior del menor, estas pueden ser anuladas por el Tribunal Supremo o el Constitucional.
Derecho a ser oído y escuchado
Todos los menores tienen derecho a ser escuchados en cualquier procedimiento judicial en el que se vea involucrado. Y esto no quiere decir que es obligatorio escucharlo, sino que es obligatorio tener en cuenta su opinión en el proceso. Si se prescinde de esta ha de ser por una causa justificada. Además, su opinión se ha de tener en cuenta según su edad o madurez, ya que si no se le considera lo suficientemente maduro pueden decidir no tener en cuenta su opinión.
Derecho a no ser instrumentalizado
En el proceso judicial, el menor tiene derecho a no ser presionado a hacer nada, usado como arma procesal o alineado artificialmente por una de las partes, ya sea un progenitor, un familiar, un profesor… Esto incluye el derecho a no recibir manipulación emocional, interrogatorios hostiles o exposiciones innecesarias al conflicto. El procedimiento judicial ha de buscar el bienestar del menor, no el intentar ganar a la otra parte.
Derecho a una evaluación profesional real
El menor tiene derecho a ser evaluado por profesionales especializados en el ámbito forense y con formación en el trato con menores. Estos profesionales, ya sean psicólogos forenses, equipos psicosociales o peritos, deben realizar informes evaluando al menor y siguiendo todas las condiciones para que estos sean válidos. Además, se ha de asegurar que no se tienen en cuenta opiniones subjetivas, informes con poca validez o versiones sesgadas o interesadas de los adultos involucrados.
Derecho a estabilidad emocional y continuidad
Es importante asegurar que el menor no sufra cambios bruscos de custodia o de entorno, como el colegio o el hogar de residencia, ya que esto puede alterar la estabilidad emocional de este. Sus vínculos con amigos, profesores, compañeros y familiares son importantes para el menor y las decisiones del proceso judicial han de intentar conservarlos. Si se decide separar al menor de alguno de sus vínculos significativos o de sus figuras de apego debe ser en respuesta a una causa grave.
Derecho a protección frente a decisiones arbitrarias
Las decisiones que se tomen en el proceso judicial no pueden tomarse haciendo caso solo a una parte de la información. No se puede ignorar lo que diga el menor, atender a ideas genéricas o seguir ciegamente lo que recomienden los Servicios Sociales. Con tal de asegurar los derechos fundamentales del menor, el juez debe tener en cuenta toda esa información y tomar una decisión basada en la situación concreta del menor.
Impacto psicológico del proceso judicial en el menor
Un proceso judicial provoca emociones complejas en un menor que probablemente no se ha visto nunca en una situación parecida y que se enfrentará a una situación incómoda que puede hacer que un familiar o conocido acabe teniendo consecuencias legales o penales.
Esto provoca una serie de consecuencias psicológicas en el menor, las cuales han de ser evitadas en la medida de lo posible mediante la adaptación del proceso según su edad y madurez y la toma de decisiones teniendo en cuenta el interés superior del menor.
Las consecuencias psicológicas de este tipo de procesos pueden ser:
- Ansiedad y miedo por la posibilidad de perder o perjudicar a un ser querido.
- Confusión al intentar comprender el proceso judicial y su complejidad.
- Inseguridad al ver cómo otros toman decisiones sobre su vida y no sentirse en control.
- Culpa por el resultado del proceso, ya sea un divorcio o las consecuencias por incumplir la ley.
- Estrés prolongado por la lentitud del proceso, el cual puede afectar a su higiene del sueño, su rendimiento académico o a sus relaciones sociales.
Estas consecuencias pueden ser mayores o menores según la edad y madurez del menor, la calidad del acompañamiento familiar, la naturaleza del procedimiento judicial o la forma en la que se tiene en cuenta su participación. También se puede reducir el impacto psicológico preparando al menor, escuchándole activamente y garantizándole que se encuentra en un espacio seguro.
Participación del menor en el proceso judicial
A la hora de participar en el proceso judicial, el menor puede sentirse cohibido, intimidado, confuso o incluso con miedo. Con tal de facilitar su participación y hacerla más cómoda, se pueden tomar las siguientes medidas:
- Crear un ambiente seguro, acogedor, que no haga que el menor se sienta intimidado o presionado.
- Usar un lenguaje claro, que esté adaptado a su edad y madurez y que no contenga tecnicismos legales o científicos que puedan confundir al menor.
- Permitir el acompañamiento de una figura de confianza o u psicólogo, de manera que pueda ayudar al menor a regular sus emociones y a sentirse seguro.
- Respetar los tiempos y el ritmo del menor, sin presionarle para que hable, respetando sus pausas y silencios y permitiendo que no hable si no se siente preparado.
- Escuchar activamente, validando las emociones y las opiniones que tenga y teniendo en cuenta su relato en la toma de decisiones.
Rol de los adultos en la protección de los derechos del menor
En los procesos judiciales, son los adultos los responsables de respetar los derechos del menor. Los distintos adultos involucrados son:
Los padres o cuidadores
Tienen la responsabilidad de proteger emocionalmente al menor, explicarle el proceso al que será sometido, acompañarle en todas las partes del proceso y estar atentos a cualquier señal de malestar que puedan manifestar.
Los abogados y jueces
Tienen un papel central a la hora de garantizar los derechos legales del menor, de facilitar la comunicación y el entendimiento adaptando el proceso al menor y de evitar la revictimización de este durante las declaraciones o las pruebas.
Los psicólogos y otros profesionales sanitarios
Son los encargados de preparar al menor para el proceso, dándole estrategias de afrontamiento para poder sobrellevar mejor el impacto psicológico que este pueda provocar. No solo previenen, también apoyan al menor durante las entrevistas o las audiencias, ayudando a que se regule emocionalmente y orientan a los adultos a actuar de manera adecuada con respecto al menor.
La cooperación de todos estos adultos garantiza que el menor esté protegido durante el proceso y que sus derechos sean respetados
Conclusión
Para un menor, pasar por un proceso judicial puede ser algo complejo, que da miedo, traumático incluso. Por eso, los adultos implicados tienen la responsabilidad de respetar sus derechos e intentar conservar la comodidad del menor evitando el posible impacto psicológico que este proceso pueda provocar en él.
Cuando un menor se ve implicado en un proceso judicial, da igual la razón, se le ha de escuchar y tener en cuenta lo que dice, se ha de adaptar el proceso para que pueda entender lo que está ocurriendo y lo que los adultos están diciendo, se ha de prepararle psicológicamente para que pueda regular sus emociones y se ha de velar por su bienestar como prioridad.
El acompañamiento, la preparación, un lenguaje claro y más herramientas mencionadas anteriormente contribuyen a evitar que el menor sienta excesiva ansiedad, miedo, confusión, culpa o incluso inseguridad. Esto reduce el impacto psicológico que pueda tener a largo plazo. Al final, lo que prima ante cualquier otra cosa a la hora de emitir la resolución judicial es el interés superior del menor.
